El reciente anuncio del Grupo Renco, representante de Doe Run Perú, del comienzo de un arbitraje internacional contra el estado peruano en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y los Estados Unidos, constituye un paso previo a lo que sería LA PRIMERA demanda contra el Perú por el supuesto incumplimiento de obligaciones amparadas por el TLC, advierten especialistas consultados.
La empresa minera demandaría al estado peruano por el “sistemático trato injusto e inequitativo” y no haber cumplido “con brindarle total protección y seguridad” apelando al incumplimiento del artículo 10.5 (Nivel mínimo de trato) del Capítulo de X del TLC.
Para Alejandra Alayza, Coordinadora Ejecutiva de la RedGE, “La excesiva protección de los derechos de los inversionistas que otorgan los TLC permiten que empresas como Doe Run Perú, que han incumplido sistemáticamente sus obligaciones con el Perú, tengan ahora mecanismos internacionales para demandar al estado peruano. Prefieren pagar el arbitraje internacional que asumir las responsabilidades que tienen en el país.” La amenaza de inicio de arbitraje impone un plazo de 90 días para que el estado peruano logre un acuerdo con la empresa, sino se iniciaría un costosísimo proceso de arbitraje internacional.
Para el economista José De Echave de CooperAcción esta demanda no es una sorpresa. “En los TLCs, empresas que están seriamente cuestionadas nacional e internacionalmente, encuentran recovecos legales para la impunidad y para debilitar la capacidad soberana de negociación del estado peruano”.
El experto recordó que desde el inicio de las negociaciones de los TLCs diversas organizaciones advirtieron estos problemas, a pesar de que los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo siempre buscaron minimizar estas consecuencias. Atrás quedaron las declaraciones del ex ministro Alfredo Ferrero, que afirmó que “el TLC no amparará a Doe Run” y que en los TLC sólo “se protege la inversión bien hecha”, “más aún cuando en temas ambientales”.
Los expertos advirtieron que estos casos podrían aumentar considerando que estas protecciones se otorgan en todos los TLCs, incluyendo protecciones a países como China, Canadá o Unión Europea, con fuerte presencia en el sector minero y de Hidrocarburos, sectores con alto nivel de conflictividad.
“Es necesaria la rápida y clara definición del Estado frente este problema, mostrando desde el inicio una posición firme frente a estos procesos”, concluyó De Echave. (7 enero 2011)
Doe Run pretende escudarse en el TLC
Para Alejandra Alayza, Coordinadora Ejecutiva de la RedGE, “La excesiva protección de los derechos de los inversionistas que otorgan los TLC permiten que empresas como Doe Run Perú, que han incumplido sistemáticamente sus obligaciones con el Perú, tengan ahora mecanismos internacionales para demandar al estado peruano. Prefieren pagar el arbitraje internacional que asumir las responsabilidades que tienen en el país.” La amenaza de inicio de arbitraje impone un plazo de 90 días para que el estado peruano logre un acuerdo con la empresa, sino se iniciaría un costosísimo proceso de arbitraje internacional.
Para el economista José De Echave de CooperAcción esta demanda no es una sorpresa. “En los TLCs, empresas que están seriamente cuestionadas nacional e internacionalmente, encuentran recovecos legales para la impunidad y para debilitar la capacidad soberana de negociación del estado peruano”.
El experto recordó que desde el inicio de las negociaciones de los TLCs diversas organizaciones advirtieron estos problemas, a pesar de que los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo siempre buscaron minimizar estas consecuencias. Atrás quedaron las declaraciones del ex ministro Alfredo Ferrero, que afirmó que “el TLC no amparará a Doe Run” y que en los TLC sólo “se protege la inversión bien hecha”, “más aún cuando en temas ambientales”.
Los expertos advirtieron que estos casos podrían aumentar considerando que estas protecciones se otorgan en todos los TLCs, incluyendo protecciones a países como China, Canadá o Unión Europea, con fuerte presencia en el sector minero y de Hidrocarburos, sectores con alto nivel de conflictividad.
“Es necesaria la rápida y clara definición del Estado frente este problema, mostrando desde el inicio una posición firme frente a estos procesos”, concluyó De Echave. (7 enero 2011)
Doe Run pretende escudarse en el TLC
Polémica. Metalúrgica quiere iniciar arbitraje internacional. Los expertos sostienen que Doe Run trata de presionar al Estado para evadir su responsabilidad social en La Oroya.
Richard Manrique.
Un nuevo escudo pretende ceñirse la compañía metalúrgica Doe Run para evadir su responsabilidad medioambiental en La Oroya.
Ese sería el trasfondo del pronunciamiento del Grupo Renco, accionista principal de dicha metalúrgica, según los expertos consultados por La República.
El pasado miércoles, Renco exhortó al gobierno a iniciar un proceso de arbitraje internacional, pues considera que el Estado incumplió con remediar los suelos de La Oroya y tampoco se hizo cargo de las demandas de los pobladores de la zona.
Reacciones contrarias
Conrado Olivera, representante de la Mesa Técnica de La Oroya de la Red Muqui, afirmó que Doe Run aún no muestra un real avance en materia ambiental.
“El 97% de la contaminación de La Oroya era por el aire contaminado por Doe Run, porque desde que la empresa paralizó su producción el aire tiene 99% menos de contaminación”, aclaró Olivera, pues considera que el gobierno tiene responsabilidad en los 2,300 kilómetros de suelo contaminado, pero que los problemas de salud en los niños de La Oroya son por los gases tóxicos en el aire, de modo que Doe Run tiene responsabilidad.
Por otro lado, Jorge Manco Zaconetti, investigador de la UNMSM, dijo que Doe Run no ha invertido en lo más importante para proteger el medioambiente de La Oroya.
“El compromiso de inversión era de US$ 350 millones, y Doe Run ha invertido más de US$ 314 millones, pero no lo ha hecho en lo más importante, que es el circuito de cobre para captar el dióxido de azufre. Y eso solo cuesta US$150 millones. Se han quedado en el 20% de la obra”, advirtió.
El experto sostuvo que la respuesta del Grupo Renco estaría impulsada por el temor al próximo dictamen de Indecopi, el cual establecería un nuevo administrador de la metalúrgica.
La clave
En contra. Jorge Manco Zaconetti afirmó que aceptar el arbitraje internacional sería darle la razón a Doe Run, cuando la metalúrgica incumplió en sus proyectos ambientales a pesar de los plazos. Asimismo, distintas organizaciones sociales como RedGE y CooperAcción se mostraron en contra de los intereses de Doe Run, quien utiliza el TLC para presionar al Estado.
Richard Manrique.
Un nuevo escudo pretende ceñirse la compañía metalúrgica Doe Run para evadir su responsabilidad medioambiental en La Oroya.
Ese sería el trasfondo del pronunciamiento del Grupo Renco, accionista principal de dicha metalúrgica, según los expertos consultados por La República.
El pasado miércoles, Renco exhortó al gobierno a iniciar un proceso de arbitraje internacional, pues considera que el Estado incumplió con remediar los suelos de La Oroya y tampoco se hizo cargo de las demandas de los pobladores de la zona.
Reacciones contrarias
Conrado Olivera, representante de la Mesa Técnica de La Oroya de la Red Muqui, afirmó que Doe Run aún no muestra un real avance en materia ambiental.
“El 97% de la contaminación de La Oroya era por el aire contaminado por Doe Run, porque desde que la empresa paralizó su producción el aire tiene 99% menos de contaminación”, aclaró Olivera, pues considera que el gobierno tiene responsabilidad en los 2,300 kilómetros de suelo contaminado, pero que los problemas de salud en los niños de La Oroya son por los gases tóxicos en el aire, de modo que Doe Run tiene responsabilidad.
Por otro lado, Jorge Manco Zaconetti, investigador de la UNMSM, dijo que Doe Run no ha invertido en lo más importante para proteger el medioambiente de La Oroya.
“El compromiso de inversión era de US$ 350 millones, y Doe Run ha invertido más de US$ 314 millones, pero no lo ha hecho en lo más importante, que es el circuito de cobre para captar el dióxido de azufre. Y eso solo cuesta US$150 millones. Se han quedado en el 20% de la obra”, advirtió.
El experto sostuvo que la respuesta del Grupo Renco estaría impulsada por el temor al próximo dictamen de Indecopi, el cual establecería un nuevo administrador de la metalúrgica.
La clave
En contra. Jorge Manco Zaconetti afirmó que aceptar el arbitraje internacional sería darle la razón a Doe Run, cuando la metalúrgica incumplió en sus proyectos ambientales a pesar de los plazos. Asimismo, distintas organizaciones sociales como RedGE y CooperAcción se mostraron en contra de los intereses de Doe Run, quien utiliza el TLC para presionar al Estado.