Advertencia. En la mira los capítulos 8 y 10 del acuerdo comercial con EEUU. Legisladores nacionalistas e instituciones como IDL se unen para pedirle al Congreso la pronta derogatoria de estas criticadas normas.
Johanna Nores.
Nuevos elementos se suman a la oleada de críticas a los Decretos de Urgencia (DU) 001-2011 (publicado el 18 de enero) y 002-2011 (promulgado y modificado el 21 de enero).
Un análisis legal elaborado por la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) revela que los controvertidos decretos estarían incumpliendo los capítulos 8 y 10 del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos.
Se infringe política ambiental
El artículo 18 del capítulo 8 (Capítulo del Medio Ambiente) señala: “Cada parte se asegurará de que sus leyes y políticas establezcan y estimulen altos niveles de protección ambiental y se esforzará por seguir mejorando sus respectivos niveles de protección ambiental”.
La aprobación de estos decretos, según Henry Carhuatocto Sandoval, consultor legal de DAR, contraviene el texto del TLC porque, como sostiene el documento, se prohíbe bajar estándares ambientales; así como, dejar de aplicar una legislación que desarrolle el comercio y la inversión privada entre las partes involucradas”.
Incluso, advierte que el Perú podría ser denunciado ante la Secretaría de Asuntos Ambientales del TLC, de no cumplir con lo estipulado por el referido artículo. Y en un caso más extremo, agrega: “Se podría suspender los efectos del acuerdo comercial hasta que se regularice la situación”.
Sin ventajas para EEUU
En cuanto al capítulo 10 (Capítulo de Inversiones) , el especialista manifiesta que con las normas se está otorgando mejores condiciones de inversión a otros inversionistas no americanos. Sin embargo, aunque quisiera Estados Unidos acogerse a las nuevas y mejores condiciones que el Perú está ofreciendo el país norteamericano no podría tampoco ampararse en ellas, porque incumpliría también con el ya citado capítulo 18.
Piden anulación de decretos
“En este Gobierno se quiere entregar todo. Puertos, aeropuertos, carreteras ... Son decretos que buscan facilitar los faenones para seguir rematando el país”.
Con estas duras palabras, la congresista del Partido Nacionalista, Marisol Espinoza, se expresó del gobierno aprista tras conocer la aprobación y respectiva publicación de los normas del pasado 18 y 21 de enero.
La legisladora sostiene que el apuro del gobierno por aprobar proyectos de inversión responde a las comisiones que se esconden tras los negocios privados contrarios a los intereses nacionales.
“¿Cuál es la urgencia del señor Alan García? La única urgencia es que ya se va y necesita hacer los últimos negocios”, cuestiona.
En tanto, Espinoza espera que las comisiones de Constitución y Justicia vean con prioridad el proyecto de ley que su bancada presentó el 24 de enero para derogar los decretos de urgencia que agilizan la inversión privada en 33 proyectos en todo el país sin pasar por estudios de impacto ambiental.
Asimismo, organizaciones como el Instituto de Defensa Legal (IDL) también se sumaron a la petición nacionalista y demandaron al Congreso la pronta anulación de los decretos.
Tal como señala el comunicado, para IDL los proyectos señalados en los decretos de urgencia deben cumplir con el trámite legal establecido, sin prisas que puedan desencadenar suspicacias y descontentos de la población, que exige la ejecución de estos proyectos, pero sin sacrificar el medio ambiente y realizando la consulta previa a los pueblos indígenas.
Como se recuerda, pese a las críticas surgidas de las diferentes organizaciones defensoras del ambiente en torno a este tema, el Minam sorprendió a todos cuando en una nota de prensa comunicó su respaldo a los decretos de urgencia porque “concuerdan con lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental”.
LA REACCIÓN
" Esos decretos de urgencia están dirigidos a favorecer a los grupos económicos. No se puede entender de otra manera esta situación”.
Félix Jiménez
JEFE DEL PLAN DE GOBIERNO DE GANA PERÚ
Candidato al congreso Nº 9
Gana Perú se pronuncia
Gana Perú, a través de su jefe de plan de Gobierno, Félix Jiménez, también se pronunció sobre los cuestionados decretos de urgencia.
El también candidato al Congreso dijo que “los DU son una falta de respeto a la ciudadanía del país y a los poderes del Estado porque violentan el Estado de Derecho al no haber una situación extraordinaria que amerite su promulgación”.
Agregó que estas normas no toman en cuenta la opinión de las poblaciones nativas, tal como lo sostiene en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (sobre la Ley de Consulta).
Sábado 29 de enero 2011
Cuestionan decreto privatista
Indignación. Son 33 proyectos de inversión sin certificados de impacto ambiental. Consultados por La República coinciden en que el DU 001-2011 es inconstitucional porque flexibiliza la legislación ambiental y no es transparente.
Johanna Nores.
Parece que el Gobierno olvidó su compromiso con el medio ambiente cuando el 21 de enero del presente año promulgó el Decreto de Urgencia Nº 001-2011 que elimina los certificados de impacto ambiental, para aprobar con celeridad 33 proyectos de inversión (ver la infografía).
Ha pasado una semana y el Ministerio del Ambiente (Minam) “recordó” en un comunicado de prensa que las certificaciones son requisitos fundamentales para el inicio de la ejecución de proyectos (enmarcados en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental-SEIA), mientras, instituciones defensoras del ambiente ya empezaron a dar su voz de protesta en contra de la referida norma.
Es inconstitucional
Un pronunciamiento de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) sostiene, como primer punto, que el DU-001-2011 es de carácter inconstitucional.
“Los decretos de urgencia según el artículo 118, numeral 19, de la Constitución Política del Perú tienen fuerza de ley, y solo pueden dictarse sobre materia económica y financiera”.
En este caso, al plantearse cambios en el proceso de evaluación ambiental de los proyectos de inversión, “estaría sobrepasando lo establecido por la Constitución, por tanto, el Decreto de Urgencia Nº 001-2011 es inconstitucional”, señala el texto.
Una posición similar también fue manifestada por Mariano Castro Sánchez- Moreno, coordinador de la Sociedad Peruana de Desarrollo Ambiental (SPDA), quien además señaló que dicho decreto está afectando seriamente el principio de prevención ambiental.
No protege el ambiente
“Lo que está en cuestión es la aplicación efectiva del principio de prevención ambiental, que está reduciendo significativamente la posibilidad de integrar las políticas y recomendaciones ambientales en estos proyectos (33)”, indicó.
Por su parte, César Gamboa, coordinador del Programa de Energías Sostenibles de DAR, manifestó que el DU 001-2011 “flexibiliza y modifica la legislación ambiental por cuanto traslada la aprobación del estudio de impacto ambiental del proyecto, después de haber sido otorgada la concesión”.
Agregó que este tipo de proyectos (a perpetuidad para el concesionario) deben contar previamente con el estudio de impacto ambiental toda vez que se debe garantizar previamente la viabilidad del proyecto.
Carece de transparencia
Pero eso no es todo. La sorpresa de que los proyectos ya no serán publicados en el diario oficial El Peruano, y sí a través de un link con acceso a la web de Proinversión, ha levantado más suspicacias en torno a este tema.
Mariano Castro, del SPDA, explica que la omisión de estos proyectos en el diario del Estado no es justificable, además que impide que las poblaciones afectadas accedan a la información de manera constante y transparente. Manifestó también que el internet no llega a todos los lugares donde existen proyectos de inversión.
“Este (decreto) le resta transparencia al proceso. Además no todas las zonas tienen acceso al internet. Al no estar impresas las normas se está reduciendo el derecho de la gente de acceder a la información, y ello no garantiza la seguridad del proceso”, añadió.
Una mala lectura
Sin embargo, el director ejecutivo de Proinversión, Jorge León, aseguró ayer que todos los proyectos de inversión priorizados por el gobierno para ser concesionados en el 2011 se ejecutarán previo Estudio de Impacto Ambiental.
“Varias declaraciones dicen algo así como que se exoneraría a los proyectos de inversión priorizados este año del EIA, pero se trata de una lectura incorrecta y ninguna autoridad pretende algo así”, manifestó.
En tanto, León descartó que exista un apuro del gobierno tras haber publicado los decretos de urgencia que priorizan 33 proyectos de inversión para este año. Como se recuerda, el 18 de enero el Poder Ejecutivo publicó el DU que fue modificado el 21 del mismo generando las críticas.
Cifras
3000 millones de dólares generarán los proyectos priorizados, según el MEF.
61son los proyectos que Proinversión tiene actualmente en su cartera.
El descalabro los lleva a negociados
1] Especialistas y políticos también se oponen al cuestionado DU 001-2011. Los expertos que escriben en la Otra Mirada consideran que este decreto afecta la soberanía peruana porque trata grandes proyectos de infraestructura estratégica que necesitan ser, para su ejecución, debidamente planificados, fiscalizados y contar con el apoyo de la población beneficiaria.
2] A juicio del sociólogo Nelson Manrique, uno de los consultores, el descalabro que vive el Partido Aprista estaría llevando al presidente Alan García a forzar negociados que involucran miles de millones de dólares y donde se prevén enormes comisiones.
3] En tanto, el candidato por Fuerza Social, Manuel Rodríguez Cuadros, exige la inmediata derogatoria de los decretos de urgencia sobre los megaproyectos.
Johanna Nores.
Nuevos elementos se suman a la oleada de críticas a los Decretos de Urgencia (DU) 001-2011 (publicado el 18 de enero) y 002-2011 (promulgado y modificado el 21 de enero).
Un análisis legal elaborado por la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) revela que los controvertidos decretos estarían incumpliendo los capítulos 8 y 10 del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos.
Se infringe política ambiental
El artículo 18 del capítulo 8 (Capítulo del Medio Ambiente) señala: “Cada parte se asegurará de que sus leyes y políticas establezcan y estimulen altos niveles de protección ambiental y se esforzará por seguir mejorando sus respectivos niveles de protección ambiental”.
La aprobación de estos decretos, según Henry Carhuatocto Sandoval, consultor legal de DAR, contraviene el texto del TLC porque, como sostiene el documento, se prohíbe bajar estándares ambientales; así como, dejar de aplicar una legislación que desarrolle el comercio y la inversión privada entre las partes involucradas”.
Incluso, advierte que el Perú podría ser denunciado ante la Secretaría de Asuntos Ambientales del TLC, de no cumplir con lo estipulado por el referido artículo. Y en un caso más extremo, agrega: “Se podría suspender los efectos del acuerdo comercial hasta que se regularice la situación”.
Sin ventajas para EEUU
En cuanto al capítulo 10 (Capítulo de Inversiones) , el especialista manifiesta que con las normas se está otorgando mejores condiciones de inversión a otros inversionistas no americanos. Sin embargo, aunque quisiera Estados Unidos acogerse a las nuevas y mejores condiciones que el Perú está ofreciendo el país norteamericano no podría tampoco ampararse en ellas, porque incumpliría también con el ya citado capítulo 18.
Piden anulación de decretos
“En este Gobierno se quiere entregar todo. Puertos, aeropuertos, carreteras ... Son decretos que buscan facilitar los faenones para seguir rematando el país”.
Con estas duras palabras, la congresista del Partido Nacionalista, Marisol Espinoza, se expresó del gobierno aprista tras conocer la aprobación y respectiva publicación de los normas del pasado 18 y 21 de enero.
La legisladora sostiene que el apuro del gobierno por aprobar proyectos de inversión responde a las comisiones que se esconden tras los negocios privados contrarios a los intereses nacionales.
“¿Cuál es la urgencia del señor Alan García? La única urgencia es que ya se va y necesita hacer los últimos negocios”, cuestiona.
En tanto, Espinoza espera que las comisiones de Constitución y Justicia vean con prioridad el proyecto de ley que su bancada presentó el 24 de enero para derogar los decretos de urgencia que agilizan la inversión privada en 33 proyectos en todo el país sin pasar por estudios de impacto ambiental.
Asimismo, organizaciones como el Instituto de Defensa Legal (IDL) también se sumaron a la petición nacionalista y demandaron al Congreso la pronta anulación de los decretos.
Tal como señala el comunicado, para IDL los proyectos señalados en los decretos de urgencia deben cumplir con el trámite legal establecido, sin prisas que puedan desencadenar suspicacias y descontentos de la población, que exige la ejecución de estos proyectos, pero sin sacrificar el medio ambiente y realizando la consulta previa a los pueblos indígenas.
Como se recuerda, pese a las críticas surgidas de las diferentes organizaciones defensoras del ambiente en torno a este tema, el Minam sorprendió a todos cuando en una nota de prensa comunicó su respaldo a los decretos de urgencia porque “concuerdan con lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental”.
LA REACCIÓN
" Esos decretos de urgencia están dirigidos a favorecer a los grupos económicos. No se puede entender de otra manera esta situación”.
Félix Jiménez
JEFE DEL PLAN DE GOBIERNO DE GANA PERÚ
Candidato al congreso Nº 9
Gana Perú se pronuncia
Gana Perú, a través de su jefe de plan de Gobierno, Félix Jiménez, también se pronunció sobre los cuestionados decretos de urgencia.
El también candidato al Congreso dijo que “los DU son una falta de respeto a la ciudadanía del país y a los poderes del Estado porque violentan el Estado de Derecho al no haber una situación extraordinaria que amerite su promulgación”.
Agregó que estas normas no toman en cuenta la opinión de las poblaciones nativas, tal como lo sostiene en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (sobre la Ley de Consulta).
Sábado 29 de enero 2011
Cuestionan decreto privatista
Indignación. Son 33 proyectos de inversión sin certificados de impacto ambiental. Consultados por La República coinciden en que el DU 001-2011 es inconstitucional porque flexibiliza la legislación ambiental y no es transparente. Johanna Nores.
Parece que el Gobierno olvidó su compromiso con el medio ambiente cuando el 21 de enero del presente año promulgó el Decreto de Urgencia Nº 001-2011 que elimina los certificados de impacto ambiental, para aprobar con celeridad 33 proyectos de inversión (ver la infografía).
Ha pasado una semana y el Ministerio del Ambiente (Minam) “recordó” en un comunicado de prensa que las certificaciones son requisitos fundamentales para el inicio de la ejecución de proyectos (enmarcados en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental-SEIA), mientras, instituciones defensoras del ambiente ya empezaron a dar su voz de protesta en contra de la referida norma.
Es inconstitucional
Un pronunciamiento de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) sostiene, como primer punto, que el DU-001-2011 es de carácter inconstitucional.
“Los decretos de urgencia según el artículo 118, numeral 19, de la Constitución Política del Perú tienen fuerza de ley, y solo pueden dictarse sobre materia económica y financiera”.
En este caso, al plantearse cambios en el proceso de evaluación ambiental de los proyectos de inversión, “estaría sobrepasando lo establecido por la Constitución, por tanto, el Decreto de Urgencia Nº 001-2011 es inconstitucional”, señala el texto.
Una posición similar también fue manifestada por Mariano Castro Sánchez- Moreno, coordinador de la Sociedad Peruana de Desarrollo Ambiental (SPDA), quien además señaló que dicho decreto está afectando seriamente el principio de prevención ambiental.
No protege el ambiente
“Lo que está en cuestión es la aplicación efectiva del principio de prevención ambiental, que está reduciendo significativamente la posibilidad de integrar las políticas y recomendaciones ambientales en estos proyectos (33)”, indicó.
Por su parte, César Gamboa, coordinador del Programa de Energías Sostenibles de DAR, manifestó que el DU 001-2011 “flexibiliza y modifica la legislación ambiental por cuanto traslada la aprobación del estudio de impacto ambiental del proyecto, después de haber sido otorgada la concesión”.
Agregó que este tipo de proyectos (a perpetuidad para el concesionario) deben contar previamente con el estudio de impacto ambiental toda vez que se debe garantizar previamente la viabilidad del proyecto.
Carece de transparencia
Pero eso no es todo. La sorpresa de que los proyectos ya no serán publicados en el diario oficial El Peruano, y sí a través de un link con acceso a la web de Proinversión, ha levantado más suspicacias en torno a este tema.
Mariano Castro, del SPDA, explica que la omisión de estos proyectos en el diario del Estado no es justificable, además que impide que las poblaciones afectadas accedan a la información de manera constante y transparente. Manifestó también que el internet no llega a todos los lugares donde existen proyectos de inversión.
“Este (decreto) le resta transparencia al proceso. Además no todas las zonas tienen acceso al internet. Al no estar impresas las normas se está reduciendo el derecho de la gente de acceder a la información, y ello no garantiza la seguridad del proceso”, añadió.
Una mala lectura
Sin embargo, el director ejecutivo de Proinversión, Jorge León, aseguró ayer que todos los proyectos de inversión priorizados por el gobierno para ser concesionados en el 2011 se ejecutarán previo Estudio de Impacto Ambiental.
“Varias declaraciones dicen algo así como que se exoneraría a los proyectos de inversión priorizados este año del EIA, pero se trata de una lectura incorrecta y ninguna autoridad pretende algo así”, manifestó.
En tanto, León descartó que exista un apuro del gobierno tras haber publicado los decretos de urgencia que priorizan 33 proyectos de inversión para este año. Como se recuerda, el 18 de enero el Poder Ejecutivo publicó el DU que fue modificado el 21 del mismo generando las críticas.
Cifras
3000 millones de dólares generarán los proyectos priorizados, según el MEF.
61son los proyectos que Proinversión tiene actualmente en su cartera.
El descalabro los lleva a negociados
1] Especialistas y políticos también se oponen al cuestionado DU 001-2011. Los expertos que escriben en la Otra Mirada consideran que este decreto afecta la soberanía peruana porque trata grandes proyectos de infraestructura estratégica que necesitan ser, para su ejecución, debidamente planificados, fiscalizados y contar con el apoyo de la población beneficiaria.
2] A juicio del sociólogo Nelson Manrique, uno de los consultores, el descalabro que vive el Partido Aprista estaría llevando al presidente Alan García a forzar negociados que involucran miles de millones de dólares y donde se prevén enormes comisiones.
3] En tanto, el candidato por Fuerza Social, Manuel Rodríguez Cuadros, exige la inmediata derogatoria de los decretos de urgencia sobre los megaproyectos.